Utrecht implementó una ley que impide a particulares e inversores comprar una segunda vivienda sin garantizar que vivan en ella. La medida ha favorecido a los compradores jóvenes, reduciendo la compra para inversión. Los resultados han sido positivos, con más propiedades adquiridas por nuevos propietarios y menos viviendas arrendadas. Se considera ampliar la ley a viviendas más caras.