¿Para qué volver a clases?

Raúl Figueroa es mejor meme que ministro. Así ha quedado demostrado a través de las redes sociales cada vez que ha llamado a retomar las clases presenciales. Su política ha fracasado por impertinente. ¿Quién querría aumentar los factores de riesgo durante una pandemia en el contexto de una sociedad que ni siquiera tiene certeza sobre los datos reales de contagios y muertes?

Pero haciendo un análisis un poco más detenido, es posible sostener que también ha fracasado por carecer de contenido. Para el ministro, y, por lo tanto, para el gobierno, volver a clases significa simplemente volver a la sala de clases. De existir un proyecto educativo, los esfuerzos del ministerio se habrían enfocado en la distribución de los recursos materiales (infraestructura) e inmateriales (capacitación) necesarios para una implementación en línea sustentable.

Por otro lado, la desprofesionalización y explotación del profesorado han alcanzado un nuevo nivel de expresión. Si bien en la dimensión paralela en la que viven sujetos como la diputada UDI Loreto Letelier las (y los) profesoras se estarían tirando las pelotas en la casa, lo cierto es que su carga laboral, incluyendo las tareas no remuneradas que se han hecho propias de la labor docente, se ha multiplicado, invadiendo todavía más el espacio doméstico que debería estar destinado al ocio y la vida familiar con consecuencias para su salud mental que ya comienzan a hacerse palpables.

El actuar de Figueroa confirma que lo que va quedando de la desmantelada administración de Piñera adolece de un grave vacío. Para ellos, las escuelas y colegios sirven más como guarderías que como espacios tributarios al desarrollo intelectual del país. Y frente a la posibilidad de redactar una Constitución que de una vez por todas acabe con los fundamentos de la sociedad impuesta por la dictadura de Pinochet, esta inercia representa una gran oportunidad: La cancha está despejada para reiniciar la discusión.

Como en otras materias, hoy contamos con abundante literatura que destaca los puntos débiles del modelo. La meritocracia expresada en la competencia entre estudiantes e instituciones, propuesta en la década de los setenta del siglo pasado como un catalizador para la buena calidad de la educación y la movilidad social, ha derivado en la porfiada reproducción e incluso en la profundización de las desigualdades que se pretendían erradicar. La distribución socioeconómica de los resultados del SIMCE y de la PSU así lo demuestran una y otra vez.

Treinta años de gobiernos intoxicados por la ideología neoliberal nos han enseñado que las manos invisibles no existen y que la riqueza se reparte entre los mismos ricos de siempre antes de que alcance a chorrear. Es urgente sentar las bases para erigir un sistema educativo con un propósito claro y explícito. La nueva educación para el nuevo Chile debe considerar más lo que la evidencia científica ha establecido y menos lo que dicen supersticiones y consignas articuladas durante la guerra fría; debe plantearse objetivos compatibles con la construcción de una república democrática e incompatibles con la obsesión insana con los mercados; debe convocar la participación protagónica de quienes desarrollan su práctica en estas esferas y dejar en un segundo plano a los supuestos expertos que solo pisaron el aula cuando fueron alumnos.

La tarea es clara. El momento, oportuno. Por su naturaleza jurídica, la Constitución Política de la República no regula en detalle el funcionamiento del sistema educativo institucionalizado, pero sí establece los principios sobre los cuales se deberá articular. Definamos estos principios de acuerdo a los intereses del pueblo que habrá de educarse. De no hacerlo, corremos el riesgo de que se vuelvan a definir en beneficio de quienes se interesan más por la rentabilidad individual que por el bienestar de toda la sociedad. La historia no espera.